Reflexiones sobre la experiencia de la industrialización en relación a la experiencia de la modernidad en México.

Reflexiones sobre la experiencia de la industrialización en relación a la experiencia de la modernidad en México.

La periodización de los primeros años después de la Independencia no puede obedecer sólo a criterios políticos porque si bien el Plan de Iguala dio nacimiento a una nueva nación no necesariamente los mecanismos con los que funcionaba la Nueva España fueron sustituidos. En el aspecto económico ya se ha hecho está observación¹. En el aspecto político el debate se centra en torno a la modernización de las colonias americanas a partir de la promulgación de la Constitución de Cádiz, pues está inventó al individuo, un nuevo modelo de sociedad formada por éstos y no por corporaciones, la opinión pública a través de los periódicos, la legitimidad del gobierno basada en el pueblo, la existencia de una sola Constitución a la que todos se atuvieran, las actas fundadoras de sociedades, y el sistema de transferencias de soberanía². El peligro de no relacionar los fenómenos políticos con los fenómenos económicos es ignorar el contexto en el que las palabras y los discursos son emitidos. Las palabras ciudadano, soberanía, Estado e individuo son producciones histórico-sociales que tienen sentido sólo en un determinado sistema de referencias, en otros sistemas sólo son palabras que pierden su significado original para adquirir otros acordes con su contexto. La modernidad sólo tiene sentido en una sociedad con una incipiente industrialización³, por tanto, hablar de ese fenómeno para el México del siglo xix es cuestionable.

François Xavier Guerra propone que la modernidad irrumpió al Imperio español y modificó el Antiguo Régimen a través de las representaciones en las “juntas” con lo que la innovación es que “el pueblo tiene un papel mayor del que debe”⁴. Un nuevo vocabulario aparece y trata de reflejar las teorías modernas de la conformación del Estado. Este vocabulario sería heredado a la primera República donde ya se habla de ciudadanos, aunque nunca fueron definidos en Constitución de 1824. A pesar de la supuesta existencia de estos entes, cuando se lanzan las proclamas no se dirigen a ellos, se dirigen a grupos de poder, como lo hace explícitamente Vicente Guerrero: “Ilustres ayuntamientos: a vosotros que está encomendada la felicidad de los pueblos; a vosotros toca alarmarlos para conservar nuestra querida independencia”⁵. Aunque en el texto constitucional aparece la figura del ciudadano ésta es inexistente en la realidad.

La existencia de ciudadanos en México es difícil de creen en vista de que son creados a partir de condiciones económicas concretas. El territorio mexicano que por aquella época tenía alrededor de 4 000 000 de Km2 no contaba con una población superior en 838 a 6 122 354⁶ y la población se concentraba sobre todo en el centro y centro-este del territorio. Gran Bretaña, en un territorio mucho más pequeño tenía 8.6 millones de habitantes en 1800⁷. Con este panorama John Kicza señala que la urbanización en el México del siglo xix es muy debatible⁸. La densidad poblacional es muy baja y las ciudades muchas veces disminuyen su población con respecto a 1810 por el efecto de las guerras. Las cifras anteriores pretenden ilustrar que los ciudadanos no podían existir para esta época en México porque México vivía aún en una economía de Antiguo Régimen en la gran mayoría de la población vivía mayoritariamente en los campos dedicándose a labrar la tierra. Se me objetará que en 1789 el mundo era predominantemente rural en Europa y Francia⁹ y aún así surgió la modernidad, pero no se toma en cuenta que en México no existía una burguesía más o menos desarrollada como en Francia o en Inglaterra. La posible explicación de este comportamiento en México era que su estatus había sido el de una colonia a la que únicamente se le extraían materias primas y cuya producción era regulada para que no afectara a la metrópoli, por consiguiente no había manufacturas pues se importaban, y las élites encargadas de la extracción de plata, de la producción grana cochinilla o de tabaco resultaban beneficiadas de su agrupación en torno al Consulado de México, no estaban en contra de los privilegios ni a favor de la igualdad.

Después de la guerra de Independencia el espectro de participación aumentó porque ahora los españoles habían perdido la supremacía que tenían en el gobierno por lo que los criollos podían ejercer también los puestos altos. Pero a pesar del aumento de la participación es evidente “la falta de participación de la mayoría de la población en los acontecimientos fundamentalmente políticos”¹⁰. Aislados del resto de la nación a través de su economía de autosubsistencia los pueblos no sentían la necesidad de la existencia del Estado ni tampoco su colaboración con él. Terminada la Independencia muchos de los impuestos que debían pagar a la Corona fueron suspendidos como lo que se acentúo aún más su localismo y su corporativismo, y se dejó que el Estado desapareciera para las comunidades. Si en la Colonia la legislación obligaba a los pueblos indígenas a pagar un tributo en dinero obligándolo a trabajar en una hacienda para adquirir el dinero necesario para pagar al Estado ahora la legislación trataba de definirlos como propietarios de unas tierras que no podían ser de ellos por la propiedad que sobre ellas tenía la comunidad de manera que estaban sujetos a ésta y lo estarían, hasta que se vieran obligados a migrar a la ciudad en busca de mejoras a la calidad de vida, migración que no se da sino hasta finales del xix y principios del xx.

¿Cómo deben interpretarse los hechos que acompañan al surgimiento de la primera república? Notamos que por lo menos hasta 1929 son las logias quienes dominan la política del Estado. Sus luchas se dirimen en el campo de la opinión pública a través de los periódicos que se encargaban de desprestigiar al oponente de manera¹¹ que no había debate entre propuestas sino entre prestigios. Estas luchas denunciaban la existencia de un régimen oligárquico. Mediante el nuevo sistema se procuraba que la antigua estructura piramidal de las comunidades políticas fuese respetada¹² a través del sistema de elección indirecta en la que los votos eran filtrados de manera que parecía que los privilegios seguían imperando en vista de que no todos podían participar en la política pues era privilegio sólo de los propietarios.

Desde la perspectiva económica es posible plantearse la cuestión sobre la existencia del Estado en la primera república. Después de la Independencia, en cuestión de fiscalidad, surgieron nuevos problemas puesto que con un discurso que pretendía fomentar la igualdad y con el que se pretendían terminar algunas contribuciones injustas se debían planear cuáles serían las nuevas contribuciones y sobre quiénes recaerían. Los impuestos tenían que recaer sobre figuras individuales puesto que se tenía que abolir las corporaciones como componentes del Estado ya que la soberanía obligaba a considerar que el pacto social se había hecho entre particulares que delegaban su soberanía en un Congreso, una Junta o en la Constituyente. Esta concepción era nueva pues se pretendía introducir una figura que era inexistente en el Antiguo Régimen, el Estado, que significaba la existencia de una gran centralización de las funciones administrativas, que en México estaban repartidas entre las distintas corporaciones: ayuntamientos, el Consulado, ciudades, reales mineros, etc. La afirmación del Estado tropezaba con las formas corporativas de dominio por esta razón su función primordial sería dirimir los conflictos entre los grupos oligárquicos locales, cuando uno de ellos intentaba sobreponerse a otro se sucedía el conflicto¹³. Para evitar que el Estado se fortaleciera se le privó de ingresos fiscales para que no tuviera recursos para afirmarse¹⁴, cualquier intento de hacerlo era penado con la decisión de no enviarle el contingente¹⁵.

Con la Constitución de Cádiz, a través de las diputaciones provinciales se confió en las oligarquías regionales para el manejo del sistema fiscal de la Nueva España¹⁶ se sentó un precedente que sería seguido para la organización de la Primera República en la que los Estado se hacían cargo de la organización de sus finanzas sin la intervención del Estado federal. La nueva nación no estaba dispuesta a ceder ante las exigencias del Estado moderno. Era impensable la existencia de un sólo estado que administrara todas las rentas de la nación. Se sabía que el control de las fuentes de impuestos servía para consolidar el Estado o para darle autonomía a los Estados.

El régimen de Iturbide así como de la República heredan la crisis colonial. El gobierno de la Nueva España había mantenido durante sus últimos años una política en la que había exigido ingresos extraordinarios que se habían usado para financiar las guerras de la metrópoli con los países europeos. Así se habían extraído desde 1782 hasta 1821 20 millones de pesos¹⁷. Quienes integraban el gobierno de Iturbide muchas veces pertenecían al gremio del Consulado y luchaban por sus intereses, porque las deudas que el gobierno había contraído con ellos les fueran reconocidas y pagadas. Sin embargo el gobierno no podía cumplir con sus compromisos porque el salario del ejército era un asunto apremiante y el factor de desestabilización más importante. Producto de esta descapitalización es el municipalismo, “que no es un hijo de la colonia sino de su crisis¹⁸”. Aunque Antonio Annino señala esta crisis como política y no como económica, pues después de la invasión francesa a España la soberanía recaía en el pueblo quien rechazaba a un francés como su monarca también podemos relacionarlo con una crisis económica pues si en el Antiguo Régimen la sociedad era vista como una familia en la que el lugar del padre la ocupaba el Rey y todos estaban obligados a defenderlo en caso de peligro, como efectivamente ocurrió en 1808¹⁹, también es cierto que durante más de tres décadas se había estado diezmando a la economía novohispana con los frecuentes préstamos extraordinarios que pedía, incluso a las cajas de comunidad de las comunidades indígenas como en 1781²⁰. La reacción ante estas medidas era fortalecer el poder local y pedir participación en los asuntos en los que se gastaban los dineros. Para 1824 el proceso de regionalización estaba ya muy avanzado.

Si hacemos un repaso de la recepción que los conceptos modernos tuvieron en el periodo de la Primera República podremos entender el ejercicio de su política teniendo como transfondo la crisis económica por la que estaba pasando el gobierno. En el Antiguo Régimen el concepto de Estado no existía. Las funciones administrativas de las que el Rey se encargaba se les llamaba “gobernar” y la finalidad era guiar a las almas para la salvación por lo tanto no existía ninguna noción de pacto social en la que la sociedad fuera obra del ser humano para evitar el constante peligro de la violencia de la naturaleza, como afirma Hobbes o, para realizar interés común, como afirma Rousseau. La unidad estaba dada por el Rey, pero ello no implicaba que éste reclamara de manera exclusiva el gobierno de sus vasallos sino que el gobierno era asunto de todo el cuerpo político. Las tareas estaban descentralizadas pero también lo estaba la distrubución presupuestaria pues cada gobierno se sustentaba a sí mismo²¹. El Estado atentaba contra está ideología porque no aceptaba que dentro de él hubiera descentralización y suponía la existencia de individuos que fueran componentes suyos. Las corporaciones, con sus variados intereses, se contraponían al interés general²² y por eso era necesario eliminarlos. Sólo teniendo en cuenta lo anterior se entiende a Michael P. Costeloe cuando afirma que “no se aceptaba el concepto moderno de una oposición parlamentaria que crítica constructivamente la legislación y estimula la acción del ejecutivo”²³. Los partidos políticos no podían existir porque suponen la existencia de ciudadanos, que como hemos visto no existían porque la sociedad aún se organizaba en corporaciones. Pero entonces qué nos quieren decir los documentos.

François-Javier Guerra propone que el hecho de que la modernidad fuera inducida creo una cultura de la “mascara” donde las palabras en los discursos políticos no hacen más que encubrir y al mismo modificar una política de tipo tradicional. Este fenómeno se observa en los temas que prevalecen, se privilegia la soberanía, la representación y la nación pero casi no se discute sobre la ciudadanía²⁴. En una obra anterior había señalado que “es muy difícil explicar las razones por la cuales el movimiento [de Independencia] logró aglutinar intereses de gente tan variada. Una explicación que se ha dado es que aunque los actores no tuvieran una común situación socio-económica sí pertenecían a un mismo mundo cultural” sin embargo parece cuestionable la existencia de este mundo cultural. Antonio Annino nos muestra el mosaico de las tradiciones culturales que convergen en estos primeros años de ejercicio de la representación en su ensayo “Ciudadanía 'versus' gobernabilidad republicana en México” donde explica que existen tres tradiciones que nutren al liberalismo mexicano: la francesa, la española, y la indígena, esta última es importante porque representa a la mayoría de la población. Si consideramos que la modernidad es un fenómeno de masas entonces en el siglo xix mexicano no se presenta aunque sí se dan las bases para el establecimiento de un lenguaje “modernizador” que nos oculta la realidad. La ciudadanía era entendida por los pueblos indígenas como un valor corporativista en cuanto que era la representación de la comunidad, al adquirir el voto en Cádiz, ellos lograron su supervivencia colectiva, pues muchos municipios eran comunidades indígenas. La ciudadanía no era una afirmación de la individualidad frente al Estado era un derecho que se obtenía por la pertenecía a la comunidad así la comunidad se volvía una fuente de derecho avalada por Cádiz²⁵ y después en la Constitución de 1824 continúa esta situación ya que no hay una legislación nueva sobre los municipios. Esta omisión hace que los cuerpos territoriales se sientan siempre libres de romper con lo que creen que atenta contra su soberanía²⁶. Ellos no aceptan nunca el régimen de representatividad pues no creen que los pueblos a los que pertenecen sean parte de un pacto social, sino de una existencia de siempre, que el diputado no puede encarnar. Esta autonomía era por a que lucharía años más tarde Emiliano Zapata, sin embargo en su contexto, estas demandas no podían ser satisfechas pues el Estado ya tenía la suficiente capacidad para centralizar la administración y tener representantes en las comunidades indígenas. No obstante aún hoy es demasiado débil para imponerse sobre los “usos y costumbres” que rigen algunos de los pueblos de México.

Para desprenderse de los valores comunitarios es necesario que exista una base económica que permita a los miembros desprenderse de su comunidad y aún así sobrevivir. Mientras un individuo no tenga opciones para elegir no puede más que quedarse en su comunidad y reproducir el sistema de valores que por tanto años ha pasado de generación en generación. La existencia de ciudades es una importante alternativa al modo de vida rural, pero para ello hace falta moverse y es muy difícil cuando ni siquiera hay una moneda homogénea de uso extendido. Los mexicanos de aquella época no tenían más opciones que quedarse en el campo. Si queremos denominar modernidad a la sola existencia de una república entonces creo que soslayamos los factores que hacen posible la existencia de ciertas referencias como la de ciudadanía. Si queremos denominar modernidad a un fenómeno que afecta solamente a una pequeña parte de la población entonces también caemos en el primer error porque la modernidad es el resultado de experiencias que tienen que ver con un entorno urbano e industrial. El hecho de que el proyecto liberal haya fracasado en su primer intento de instauración nos deja ver que las corporaciones tenían aún mucha fuerza. La Iglesia y el ejército no iban a dejar que la industria se desarrollara mientras mantuvieran la capacidad de hacer pactos con las élites regionales para fomentar los intereses particulares. Estos intereses causaban mucha inestabilidad. La desconfianza hacia los gobiernos de estas décadas se deriva de que la disidencia en territorio mexicano tenía puestos influyentes en el gobierno²⁷.

Conclusión.

Es importante hacer notar que la periodización que he elegido que comprende de 1812 a 1835, se caracteriza por ser un periodo en el que la herencia del periodo colonial decadente es aún muy importante. La modernización a veces atribuida a Cádiz no es más que una ilusión en la que nos hace caer las palabras de los documentos. A través de este pequeño ensayo he querido hacer notar que en el México postindependiente, la política dominada por escoceses y liberales no es un enfrentamiento entre dos ideologías²⁸ distintas pues la mayoría de las veces los dos agrupan a personas de las mismas clases sociales, es un enfrentamiento en el que se disputa el control del poder. El conflicto es entre dos grupos principales: las fuerzas locales y las fuerzas que propugnan por un Estado fuerte. Las dos usan un lenguaje moderno porque sirve para comunicar sus intenciones. El concepto de soberanía, más próximo a los fueros de una corporación, permite la insubordinación a cada instante, pero también la creación de un Estado unitario. El tercer grupo, está a favor de un Estado fuerte, pero no acepta su naturaleza laica, rechaza totalmente el lenguaje moderno porque considera que el proyecto liberal desea moldear a la sociedad mexicana de una manera que resulta imposible. El lenguaje que oculta las verdaderas relaciones existentes es puesto al descubierto por las relaciones que existen entre los miembros de la sociedad. Los patrones, los caciques, los hacendados, las redes de poder etc., imposibilitan la existencia del liberalismo. Es un proyecto que pretende formar ciudadanos pero que con sus luchas no crea el ambiente necesario para lograrlo pues la industrialización aún está lejos. Habría que esperar al ferrocarril.

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1 En la compilación de ensayos a cargo de José Antonio Serrano Ortega y Luis Jáuregui, Hacienda y política, la mayoría de los autores insiste en la continuidad de la “estructura fiscal con fuerte raigambre colonial”, por ejemplo, Carlos Marichal en su ensayo “Las finanzas del estado de México en la temprana república: federalismo y centralismo” propone una periodización en la que la modernización fiscal no hace su aparición sino hasta el periodo 1846-1853. Antes, el fisco federal dependía, sobre todo del cobro de alcabalas y de las aduanas, es decir sobrevivía de los impuestos indirectos al consumo con lo que afectaba el desarrollo del comercio. Esta política perpetuaba la sociedad agraria y minera que “no suele sustentar un tipo de sistema impositivo como el que habitualmente se emplea en una economía industrial moderna” p. 177.

2 François Xavier Guerra, Modernidad e Independencias, p. 85-86.

3 Quizás aquí sea posible comparar el caso mexicano con el caso inglés. En el caso inglés hablar de individualismo tenía sentido pues “el libre ejercicio del talento individual producía los más extraordinarios resultados”. Quizás el mayor ejemplo de ello sea Thomas Newcomen (1664-1729), uno de los más grandes perfeccionadores de la máquina de vapor. Eric Hobsbawn, La era de la Revolución 1789-1848, p. 29. En cambio en México el talento individual no era incentivado; por ejemplo Carlos Sempat Assadourian en su artículo “La bomba de fuego de Newcomen y otros artificios de desagüe: un intento de transferencia de tecnología inglesa a la minería novohispana, 1726-1731” expone que en los años señalados don Isidro Rodríguez de la Madrid intentó traer a la Nueva España la máquina de vapor para usarla en la extracción de aguas de las minas de Real del Monte, situadas en el actual estado de Hidalgo. Su proyecto lo llevó a la quiebra pues los costos del proyecto no se los retribuyó la máquina por no ser eficiente en tierras americanas debido a varias causas. Lo que nos interesa es señalar que en Nueva España era impensable pagar el conocimiento individual de las personas. En las observaciones que hacía el enviado de don Isidro a Inglaterra Miguel López Dieguez afirmaba que “Respecto a 'la inferior esfera de oficiales', […] subrayó los altos ingresos de este grupo: el salario de 1 000 pesos anuales más el mantenimiento que proponía Isidro Rodríguez a los peritos extranjeros para ir a la Nueva España resultaba irrisoria para Inglaterra, incluso 'para el menor oficial de semejantes artes' y así un maestro herrero mozo le respondió que, además del mantenimiento, 'le debía dar 1 000 libras, que son 5 000 pesos, y que no vendría por menos porque 500 libras ganaba en su tierra'.” p. 422-423. Lo curioso es que en entre 1802-1803 y 1808 también intentaron hacer el mismo experimento, pero también falló. Sempat en una breve nota afirma que el nuevo fracaso se debió a fallas técnicas y no explica más, sin embargo es posible que debido al régimen de corporaciones, el conocimiento y la habilidad individual no fueran retribuidos de tal manera que incentivaran a las personas. p. 441.

4 François Xavier Guerra, op. cit., p. 160.

5 “Carta de Vicente Guerrero” en Planes políticos…, p. 37p. 37

6 Corresponde a la fecha de 1838 porque lamentablemente no hay cifras para después de terminado el conflicto armado ya que el aparato gubernamental casi desapareció. Las cifras que da el autor son estimaciones pues era imposible hacer el conteo cuando el Estado no tenía recursos. John E. Kicza, “Historia demográfica mexicana del siglo xix: evidencia y aproximaciones” en Demografía Histórica de México: siglos xvi-xix, p. 240-241.

7 Michael W. Flinn, El sistema demográfico europeo, p. 98.

8 John E. Kicza, “Historia demográfica mexicana del siglo xix: evidencia y aproximaciones” en Demografía histórica de México: siglos xvi-xix, p. 238.

9 Eric Hobsbawn, La era de la Revolución 1789-1848, p. 17.

10 Michael Costeloe, La primera república de México (1824-1835), p. 27.

11 Michael Costeloe, ibíd., p. 250.

12François Xavier Guerra, “El soberano y su reino”, en Ciudadanía política y formación de las naciones, p. 58.

13Pedro Pérez Herrero, “El México Borbónico” en Interpretaciones del siglo xviii mexicano, p. 149.

14En la constitución de 1824 no se señala la contribución de las entidades federativas al sostenimiento de la federación. En la fracción vi del artículo 161 se dice que: “Cada uno de los Estados tiene la obligación de contribuir para consolidar y amortizar las deudas reconocidas por el congreso general”

15Esta política no favoreció al desarrollo industrial de México puesto que los intereses estatales y locales estaban en disputa y no se planificaba la obtención de ingresos a través de el fomento a la industria, más bien se le afectaba puesto que la Federación estaba interesada en adquirir sus recursos a través de las importaciones y por ello dejaba que los productos extranjeros dominaran el mercado nacional aún cuando afectaba las manufacturas del país. Véase a Jaime Olveda “La disputa por el control de los impuestos en los primeros años independientes, 1821-1824” en Hacienda y política, p. 121

16José Antonio Serrano Ortega, “El humo en discordia: los gobiernos estatales, el gobierno nacional y el estanco del tabaco (1824-1836)” en Hacienda y política, p. 206, Este autor también afirma que “Las diputaciones provinciales cumplieron en gran medida el anhelo de las oligarquías regionales por ejercer una autonomía política con respecto al gobierno de la ciudad de México y fue uno de los orígenes del federalismo” p. 206, sin embargo Pedro Pérez Herrero, El México Borbónico” en Interpretaciones del siglo xviii mexicano, observa que “Las diputaciones provinciales de 1823 se asemejaban poco a las originales de 1814, tanto en sus circunscripciones territoriales como en los principios políticos rectores internos: las primeras respondían a las peticiones de autonomía política regional: las segundas habían sido concebidas como una forma de administración de un territorio colonial” p. 148. yo creo que la polémica se resolvería si entendemos la dicotomía Antiguo Régimen-modernidad en la que los territorios son administrados por sí mismos arguyéndose el ejercicio de la soberanía. Desde esta perspectiva quien tiene la razón es edro Pérez Herrero pues no importa que las circunscripciones territoriales son importantes para determinar la población que ejerce sus derechos pues el federalismo supone que el principio de “soberanía” recae originalmente en los municipios, no en los estados.

17Guillermina del Valle Pavón, “Los emprésitos de fines de la Colonia y su permanencia en el gobierno de Iturbide” en Hacienda y política, p. 72.

18Antonio Aninno, “Cádiz y la revolución de los pueblos mexicanos 1812-1821”, en Historia de las elecciones en Iberoamérica, p. 178

19François Xavier Guerra, op. cit., p. 151.

20Carlos Marichal, “La bancarrota del Virreinato”, en Interpretaciones del siglo xviii mexicano, p. 173.

21Annick Lemperiére, “Reflexiones sobre la terminología política del liberalismo” en Construcción de la legitimidad política en México, pp. 37-43.

22Ibíd., p. 49.

23Michael P. Costeloe, op. cit., p. 36.

24François Xavier Guerra, “El soberano y su reino”, en Ciudadanía política y formación de las naciones, p. 34.

25 Antonio Annino, “Ciudadanía 'versus' gobernabilidad republicana en México”, en Ciudadanía política y formación de las naciones, p. 69.

26Ibíd., p. 76.

27Guillermina del Valle Pavón, op. cit., señala que cuando el gobierno de Iturbide decidió favorecer a la élite mineral y mercantil por encima de los militares, los acreedores del Consulado de México pasaron a formar parte de la logia escocesa, de tendencias antiindependetistas, con el fin de que los préstamos les fueran pagados. p. 82. La logia escocesa pertenecía a los Estados de Puebla y Veracruz, quizás los estados más afectados por las medidas federales, pues las aduanas pertenecían al gobierno, y en Puebla, la industria textilera estaba siendo afectada por la entrada de mercancías extranjeras.

28Costeloe hace la observación y afirma que los cambios de gobierno se daban por la lucha que había entre los que estaban en el poder y los que habían sido desplazados. Las sociedades masónicas tienen la finalidad de crear redes que permitan la organización de un grupo para mantenerse en el poder o promocionarse para cargos públicos.